A cuatro años de la ley, de los 2.313 abortos realizados, 1,135 fueron por inviabilidad fetal, 713 por riesgo de la madre y 465 por violación. De estos últimos, 130 abortos correspondieron a niñas y jóvenes.
Desde que entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2018, se han llevado a cabo un total de 155 abortos en jóvenes y niñas, de las que 130 corresponden a causal por violación, según cifras del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS).
En un período de cuatro años se registraron 2.774 embarazos que cumplían con alguna de las tres causales. Sin embargo, de estos, 2.313 decidieron realizarse el procedimiento del aborto. Es decir un 83%, según informó La Tercera.
Para poder acceder a la interrupción, la madre debe manifestar expresamente su voluntad por escrito. En la misma línea, si la madre es menor de 14 años, el aborto debe ser autorizado por un representante legal.
En caso contrario, la adolescente podrá solicitar la intervención de un juez que corrobore la pertinencia de la causal, estableciendo un plazo de 48 horas al respectivo tribunal para resolver la solicitud.
Según la directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago, Diana Aurenque, lo fundamental para estos casos es «detectar que la menor entiende lo que ocurrió, que esté recibiendo suficiente acompañamiento psicoemocional y apoyo de su familia», además de que haya ponderado sus opciones y tomado la decisión de forma racional.
Así, las menores deben «estar acompañadas de un asesoramiento plural», por parte de la sociedad civil y organismos de mujeres.
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Aborto por violación
Las estadísticas del Ministerio de Salud revelaron que desde la implementación de la Ley, se han practicado 80 abortos a niñas menores de 14 años.
En esta línea, Adela Montero, directora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral Adolescente de la Universidad de Chile, destacó que hay que estas situaciones se dan en el contexto de «embarazo por violación» y no en el contexto de la interrupción del embarazo.
«Esas niñas son víctimas», estableció. Sin embargo, manifestó que es un alivio que «al menos tengan la posibilidad de acceder a la interrupción del embarazo».
Al mismo tiempo, sostuvo que «deben generarse políticas para prevenir y pesquisar precoz y eficazmente la violencia sexual», en donde se implementen acciones de acompañamiento y reparación.
Acompañamiento a las víctimas
En Chile existe una norma que garantiza el acompañamiento durante un proceso de interrupción del embarazo, el cual consta de diez sesiones psicológicas, cuatro con una trabajadora social y atención psiquiátrica, de ser necesario.
De las 2-774 mujeres que optaron por interrumpir su embarazo, 2.313 recibieron el acompañamiento. En el caso de menores de edad, el 81% de las que abortaron por la causal de violación, optaron por el programa.
Verónica Truco, psiquiatra del Hospital San Juan de Dios, indicó que la acogida de las mujeres que se enfrentan a estos casos «tiene que ser empática con todas las condiciones de una mujer y una mejor».
Por su parte, el académico de Salud Pública de la Usach, Claudio Castillo, destacó que la Ley, «contempla un acompañamiento integral para abordar las consecuencias emocionales producto de violación o violencia sexual», como también, el que deben entregar equipos de salud para que las víctimas tomen las decisiones que les den más seguridad.
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